La ONU ha declarado la red como una
herramienta indispensable para la libertad de expresión que debe estar
disponible para todos los ciudadanos.
El
grado de contagio de las revueltas sociopolíticas en Oriente Medio y el desarrollo
del Movimiento 15-M no hubiesen sido posibles sin internet. O, al menos,
habrían tenido características muy diferentes sin los servicios digitales de
comunicación que permitieron una extensión prácticamente instantánea. No sería
de extrañar que estos fenómenos recientes hayan sido tal vez el último impulso
que necesitaba la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para declarar el acceso a internet como un derecho humano.
La
ONU ha tomado estos eventos como muestras de la importancia de la web para
garantizar la libertad de expresión. Las características propias de las nuevas
tecnologías favorecen la propagación de información al instante y convierten a
cada individuo en un potencial portavoz de la realidad que, muchas veces, ignoran
u omiten los medios tradicionales de comunicación.
El
acceso a internet, según destaca la ONU, es aún más valioso en aquellos
momentos políticos decisivos tales como una elección, una revuelta o un
aniversario histórico. Esto hace que los gobiernos deban redoblar los esfuerzos
para asegurar que internet sea una herramienta accesible, disponible y
costeable para todos los ciudadanos, sin excepciones.
Derechos y excepciones
Las
autoridades, pues, tienen ahora la obligación de garantizar que la conexión sea
universal ya que forma parte de los derechos inherentes a la condición humana.
Esta exhortación de la ONU, sin embargo, no deja de resultar paradójica si se
tiene en cuenta que son los propios responsables políticos quienes no solo no
se esfuerzan por facilitar el acceso, sino que además bloquean las conexiones
existentes para limitar el libre intercambio de contenidos, al menos en algunos
lugares señalados.
Los
bloqueos a la web suelen registrarse en dictaduras que intentan mantener un
velo informativo sobre los habitantes. China, Egipto e Irán son solo algunas de
las naciones que han impuesto barreras a la comunicación en línea. Por su
parte, los regímenes democráticos que no saben cómo responder a los nuevos
desafíos planteados por internet también pueden apelar a mecanismos censores,
como es el caso de Francia y la llamada ley Hadopi.
La
ONU, de todas formas, ha reconocido que ciertas circunstancias excepcionales,
que ya están previstas en las leyes internacionales, justifican una limitación
al tráfico de información. El ciberterrorismo aparece como una de estas
excepciones que permiten los bloqueos.
Las
Naciones Unidas, más allá de aceptar estas excepciones, tendrá que seguir de
cerca a varios gobiernos para que el reconocimiento de internet como un derecho
humano se plasme en la realidad. La eliminación de las políticas restrictivas
es necesaria para que la web se fortalezca como un instrumento para el
desarrollo social y para evitar que cientos de personas sean encarceladas por
expresarse libremente en la web, como ha sucedido en años anteriores.
