Las personas de origen extranjero y sus
familias que residen en España cargan con buena parte de los costes de la
crisis actual.
El hecho de abandonar el lugar de origen empujado por unas condiciones socioeconómicas desfavorables para arribar a un país desconocido constituye una experiencia vital cuya intensidad solo conocen quienes hayan pasado por ella. Con buena o con mala intención, a menudo se banalizan las circunstancias que viven las personas que han tenido que emigrar, poniendo el énfasis en los nuevos derechos conquistados y olvidando no solo sus nuevas obligaciones, sino también la brecha respecto a las personas nativas a la cual han de enfrentarse a diario.
Por otra parte, España ha experimentado un cambio notable en la última década. La llegada continuada de personas extranjeras ha modificado la fisonomía de nuestra sociedad, en un proceso que en los últimos años se ha visto determinado por la crisis económica. En este contexto, Unicef ha encargado a la Fundación Pere Tarrés de Barcelona la elaboración de un informe sobre las situaciones a veces extremas a las que se enfrentan las familias extranjeras residentes en España.
Situaciones de riesgo social
Los resultados no son precisamente amables, sino que reflejan una dura realidad. El informe, titulado “Abriendo ventanas: infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social”, revela que los derechos no se aplican a todos por igual, más allá de lo que determinen las leyes correspondientes. Así, una parte del casi millón de menores de edad con nacionalidad extranjera no tiene acceso a servicios básicos como la salud, la alimentación y la educación.
El estudio identifica distintas áreas en las que los menores extranjeros pueden experimentar situaciones de riesgo social: el ámbito jurídico, en el que se detectan situaciones de desamparo legal y vulneración de derechos como el de la reagrupación familiar; el ámbito familiar, con modelos de organización asociados al riesgo e insuficiente supervisión parental; el económico, en el que se detecta un aumento significativo de la pobreza; el de formación e inserción laboral, con un 80% de desempleo en jóvenes inmigrantes; el ámbito del tiempo libre, en el que se ha apreciado “rechazo y estigmatización por parte de la sociedad” de acogida; la salud física y emocional; el de intervención de las administraciones, que padece una saturación de los recursos específicos; y por último, el ámbito escolar.
La escuela no inclusiva
En este último aspecto conocemos algunos datos generales: el alumnado inmigrante supone el 9,6% del total (datos de 2009-2010); el 82% se encuentra matriculado en un centro público, mientras cuatro de cada diez menores extranjeros proceden de América del Sur. El informe constata que estos alumnos obtienen peores resultados académicos que los españoles de origen no inmigrante, aunque una de las hipótesis de trabajo es que dicho fracaso no responde tanto a su condición de inmigrante como a su pertenencia a una clase social desfavorecida.
Entre las principales dificultades descritas por los autores del estudio destacan el desconocimiento de la lengua vehicular, la ruptura de los itinerarios escolares y la desprotección familiar respecto del proceso de aprendizaje. Respecto de las disfunciones del sistema educativo, “Abriendo ventanas” identifica un discurso generalizado de exclusión, la desorientación de los equipos docentes ante la falta de formación específica y la limitación de los recursos públicos y la no incorporación de la diversidad cultural como elemento curricular.
Ante este panorama se ofrecen una serie de orientaciones y recomendaciones que en el ámbito escolar pasan por extender la corresponsabilización de todos los agentes educativos, una formación específica destinada a las familias extranjeras sobre el funcionamiento de nuestro sistema educativo, la distribución igualitaria del alumnado extranjero para evitar la formación de guetos o la búsqueda de espacios de encuentro e interacción entre familias inmigrantes y autóctonas.
